Amparándose
en la inexistencia de los más básicos derechos laborales, las
autoridades de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) han
desafectado alrededor de 30 docentes que daban clase en el curso de
ingreso y mantienen en vilo a otros tantos trabajadores de las carreras,
cuyos cargos no han sido confirmados. Entre los despedidos, figura el
Secretario General, el Secretario Adjunto y dos vocales que integran la
comisión directiva del sindicato docente ADIUNPAZ y 14 de sus afiliados.
Precarización docente: una estrategia repetida
La Ley de Educación Superior (LES) en su
artículo 49 prevé un período de hasta cuatro años para poner en
funcionamiento las instituciones universitarias. Durante este período de
“normalización”, el Ministerio de Educación designa un rector
organizador que reúne las atribuciones de su cargo y las del Consejo
Superior. El rector organizador debe poner en marcha el sistema de
concursos docentes para conformar los claustros que procederán a votar a
las autoridades autónomas de la universidad. El primer rector
organizador de la UNPAZ, Alejandro Battaglia, nunca había sido profesor
concursado de una universidad nacional (único requisito establecido por
la LES para ocupar el cargo). Su gestión, teñida de irregularidades,
tardó tres años en llamar a concursos docentes que no cumplieron ni
siquiera con lo que estipulaba el reglamento elaborado por el mismo
rector. Como resultado de esos concursos, en los que los jurados se
elegían entre sí, Battaglia consiguió la titularidad de una materia.
En abril pasado, el Ministerio de
Educación decidió remover al rector dando lugar al reiterado reclamo de
ADIUNPAZ y de un sector de los estudiantes. En su lugar desembarcó una
nueva gestión encabezada por los doctores Hugo Trinchero y Gustavo
Parra, rector y secretario académico, respectivamente. Las nuevas
autoridades prometieron terminar con las prácticas fraudulentas de la
gestión Battaglia, garantizaron la continuidad laboral de la planta
docente y afirmaron su voluntad de acelerar el proceso de normalización
que va por el cuarto -y último- año. Cuatro meses después, la promesa de
continuidad laboral se desvaneció al conocerse los despidos de 30
docentes que dictaban clases en las materias Sociología e Historia del
curso de ingreso. Como la figura de contratación en este curso es el
monotributo, las autoridades no tuvieron mayores dificultades para
concretar la reducción de personal. Bajo la consigna de “pertinencia
curricular docente” y de “calidad académica” se desafectó a licenciados,
profesores universitarios y doctores en Sociología, Historia, Ciencias
Políticas y Antropología. A esta situación se sumóa la incertidumbre de
muchos docentes de las seis carreras de la UNPAZ, que vienen trabajando
sin contrato y sin designación desde diciembre de 2013, cuyos cargos no
han sido confirmados. El reducido grupo de docentes que ha recibido una
comunicación institucional de la facultad con la confirmación de su
cargo tampoco está a salvo de la precarización: no sabe bajo qué
condiciones trabajará si será designado en su cargo como “regular” o
“interino” , si su contrato será anual o cuatrimestral o qué dedicación
horaria deberá prestar. Además, a los que habían concursado no se les
respetaron las designaciones ni las dedicaciones horarias estipuladas
por los concursos.
Despidos y persecución sindical
El 21 de octubre del año pasado
denunciábamos en Marcha la situación de los docentes de la UNPAZ, bajo
el seudónimo de Carlos Lenkersdorf por temor a las represalias. Poco
tiempo después un grupo de docentes conformamos la Asociación de
Docentes e Investigadores de la UNPAZ (ADIUNPAZ) en medio de amenazas y
patotas financiadas por la gestión de Battaglia. Luego la gestión
conformó un gremio paralelo y comenzó una campaña de afiliación forzosa
impulsada por los coordinadores de cada carrera.
Las autoridades que asumieron en abril
de 2014 se mostraron abiertas al diálogo y se comprometieron a respetar
la libertad sindical durante los primeros meses. Sin embargo, a medida
que se fue acercando el receso invernal, la gestión cerró sus puertas y
puso en marcha el paquete de despidos que afectó a 14 afiliados de
ADIUNPAZ.
Desde su creación en octubre del 2011,
la Universidad Nacional de José C. Paz definió a la inclusión
socioeducativa como un pilar fundamental de su proyecto académico. La
gestión que comenzó sus tareas en abril en reemplazo de la desastrosa y
corrupta administración anterior, sostiene el mismo discurso inclusivo.
Desde ADIUNPAZ creemos que la inclusión constituye un desafío que debe
enfrentarse creativamente sumando las voces y propuestas de toda la
comunidad académica. Los docentes que creamos ADIUNPAZ lo hicimos con la
convicción de que una educación pública que pretende la inclusión y la
calidad académica no puede construirse sobre la precarización y el
despido. Creemos en este proyecto de inclusión y democratización de la
educación superior y lo venimos sosteniendo con nuestro trabajo en las
peores condiciones desde el inicio. Sin embargo, lo dijimos siempre, sin
estabilidad laboral no hay proyecto académico posible. La universidad
que pregona la inclusión despide a sus docentes porque forman parte de
una organización que va detrás de los derechos más elementales de los
trabajadores: contratos de trabajo, estabilidad laboral y salarios
dignos.
